Con la entrada en vigor de la Convención, se decide establecer un Comité, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Todos los Estados Partes tienen que escribir un informe a más tardar dos años después de ratificar la Convención y luego, cada cuatro años. El Comité revisa ese informe, invita a representantes de Gobierno a un diálogo sobre el informe. También representantes de la sociedad civil pueden presentar sus informes “alternativos” y dar sus opiniones.
En base a estos informes y diálogo, y en base al conocimiento de los miembros del comité sobre la temática, ellos preparan un informe en el que hacen recomendaciones a los Estados para mejorar su cumplimiento con la Convención.
